Según Juan José Barrera, Director General de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE del MTIN, la Administración pública pondrá en marcha un sistema de evaluación y seguimiento de la inclusión de criterios sociales y ambientales en las compras públicas.
Esta medida supone un "impulso necesario" a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado de 2007 y a lo que se recoge en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible en su artículo 33 dedicado a la sostenibilidad del sector público. Barrera destacó que en el texto de la Ley "se otorga especial importancia a la transparencia en la gestión, el compromiso con el medio ambiente, la protección de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la integración de la discapacidad".
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